Por Michael Evans y Jesse Franzblau
Este artículo fue publicado 28 de marzo 2014 en Animal Político.
En un caso de suma importancia con respecto al acceso a la información e investigaciones sobre derechos humanos en México, un juez federal declaró la semana pasada que los comisionados de IFAI pueden y están obligados determinar si la masacre de los 72 migrantes en el estado de Tamaulipas por supuestos miembros de los Zetas constituye un una violación grave de los derechos humanos en acuerdo a las normas legales internacionales. Si determine que si, como discutan los demandantes, la Procuraduría General de la Republica (PGR) tiene que desclasificar una versión publica de la averiguación previa sobre la masacre en acuerdo con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que prohíbe la restricción de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o la ley humanitaria internacional.
Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hasta el momento han rechazados las demandas interpuestas por los grupos de la sociedad civil, encabezadas por Articulo 19 en México, y han negado hacer una decisión así. En Setiembre de 2013, IFAI determinó que no “cuenta con las facultades, la aptitud, la pericia, el conocimiento o el personal para investigar y calificar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad” con respecto a las matanzas de San Fernando (ver Articulo 19, El IFAI puede ponderar sobre violaciones a Derechos Humanos). Sin una determinación oficial si la masacre constituyó una violación de derechos humanos o no, IFAI determinó que no pudo invocar la cláusula del Articulo 14 de la ley de transparencia que no permite la restricción de documentos relativos a las dichas violaciones. Los comisionados entonces rechazó el recurso de revisión de Articulo 19, y rehusó ordenar la PGR publicar su averiguación previa sobre el caso de San Fernando (ver IFAI niega acceso a la información).
Articulo 19 presentó un amparo en contra el IFAI, y la decisión recién determino que el instituto si es capaz interpretar la ley y determinar si la masacre podría constituye una violación grave de los derechos humanos aplicando los criterios de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez también determinó que la decisión de IFAI de septiembre de 2013 – en lo que determinó que otra autoridad tuvo que determinar la naturaleza del caso con respecto a los criterios de derechos humanos – fue una violación del derecho a la información en su misma.
En un parte excepcional de la decisión del corte, el juez declaró que la determinación de la PGR negar acceso a la información relativa a su “investigación inicial” sobre la masacre – una determinación que aprobó el IFAI – es “desproporcional” y “transgrede el derecho humano de acceso a la información.”
La decisión ordena a IFAI revisar otra vez el caso de San Fernando, con el fin de determinar si las matanzas constituyen razonablemente graves violaciones de derechos humanos bajo criterios definidos por la corte, y si eso es el caso, ordena a la PGR desclasificar la versión publica de su averiguación previa.
Una campaña estratégica para promover el derecho a la verdad
Si esta ratificada, la decisión del corte será un avance enorme por los defensores de derechos humanos y los proponentes de transparencia en México y podría tener impacto transformativo con respecto a la eficacia utilizar la ley de transparencia en México para investigar violaciones de normas internacionales de derechos humanos.
Como parte del proyecto de Migración Abierta, el Archivo de Seguridad Nacional continúa apoyar la campaña iniciada el año pasado por Articulo 19 tanto a una coalición de organizaciones para promover el derecho a la verdad con respecto al caso de San Fernando. El caso es parte de una campaña coordinada, lo que involucra activistas en temas de transparencia y defensores de derechos de migrantes en los EEUU y en México; todos trabajando para cambiar la cultura de secrecía con respecto a la violencia hacia migrantes.
Casi mas que cuatro años después, las entidades federales y estatales responsables investigar el caso en México ha demostrado que están poco dispuesto, o sin capaz, investigar la masacre a fondo. Familiares de las victimas de la masacre fueron enfurecidos después de la publicación de informe formal sobre el caso hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro lo cual negó afirmar si la matanza constituyeron violaciones graves de derechos humanos. Los familiares de las victimas, en coordinación con la Fundación para la Justicia (FJEDD) han presentado un amparo en contra la CNDH, y están desafiando la inviolabilidad de las resoluciones de la Comisión (ver post sobre el amparo en contra la CNDH). El amparo argumenta que la CNDH, la entidad responsable a la protección y defensa de derechos humanos en México, violentó sus derechos al investigar de manera deficiente los hechos y emitir una recomendación que no tomó en cuenta los testimonios ni el derecho a la justicia de las familiares, y falló al no determinar la responsabilidad directa o indirecta del estado en el acto de la matanza.
En consultación con las organizaciones mencionadas, Migración Abierta ha trabajado en esfuerzos estratégicos para ganar acceso a los archivos secretos gubernamentales con información relativa a los abusos hacia migrantes, y información sobre la masacre de San Fernando se encuentra al central del esfuerzo. Utilizando leyes de transparencia en los dos países, la estrategia busca poner presión a las dependencias estatales en los EEUU y en México para revelar información clasificada importante a la defensa de migrantes por los dos lados de la frontera. El nivel de circunstancias relacionado a la masacre de San Fernando, y el descubrimiento el siguiente año de cientos mas de cuerpos en fosas clandestinas, demuestra el horror de este caso emblemático de los abusos que enfrenta migrantes en camino a travesía a México.
La estrategia ha resultado en la desclasificación de cables diplomáticas de los EEUU y reportajes de inteligencia con información útil al apoyar de los casos legales. Publicados en agosto 2013 por primera vez, los documentos reflejan la preocupación que tuvo los representantes de los EEUU que, a pesar de su conocimiento, los oficiales en México hizo poco para prevenir las actas de violencia hacia las migrantes cometidas por las cárteles y deliberadamente minimizaron la responsabilidad del estado por las masacres en San Fernando (ver post con los documentos desclasificados). Un cable de la Embajada estadounidense enviado a Washington, DC, justo meses antes de la masacre observó el estado de “impunidad casi total” por cárteles frente a la aquiescencia de fuerzas de seguridad. Cuatro anos después, la cultura de impunidad todavía existe.
Los archivos desclasificados también brindan detalles sobre la detención de oficiales de la policía del municipio de San Fernando y supuestos miembros de los Zetas a raíz de la masacre, incluyendo archivos del Departamento para la lucha Contradrogas (DEA) sobre la detención de lideres de los Zetas en abril de 2011. Documentos de la DEA indican que las agencias de los EEUU están dispuestos divulgar información lo que podría ser considerada sensitiva con respecto a las investigaciones; allanando el camino al PGR revelar sus averiguaciones previas sobre el caso.
Por el lado de México, la estratégica ha producido una serie de archivos internos del Instituto Nacional de Migración (INM) relativa a los programas de protección implementados a raíz de la masacre de San Fernando, dentro lo cual incluye la creación de los Grupos de Protección a Migrantes en julio de 2011 por despliegue a las rutas de migración peligrosas (ver documentos de INM desclasificados en respuesta a solicitud no. 0411100064213). En un caso mas recién, IFAI ordenó al INM ubicar los documentos e respuesta a nuestra solicitud en busca de documentos relativos a las despedidas de oficiales del INM en mayo de 2011 bajo de alegatos de participación en abuses hacia migrantes (see IFAI Resolution 5361/13, request # 0411100075613).
En el momento IFAI tiene las llaves para abrir los archivos secretos detrás de una investigación criminal que ha fracasado y no ha realizado ni una condena por los responsables por la matanza mas chocante que ha visto México en una generación. Pronto después del descubrimiento de los cuerpos de victimas en fosas comunas en San Fernando en abril de 2011, la Comisión Interamericana instó al “Estado de México a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta.” (ver CIDH Comunicado de Prensa, abril de 2011). Después de casi cuatro anos después, México ha fracasado en cada uno de estas pruebas. Ahora IFAI determinara si las familiares de las victimas de San Fernando tiene el derecho saber porque.
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