Por Natalia Torres

Investigadora Principal del CELE, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (See this article in English.)

A fines de diciembre de 1999 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que establecía, entre otras cosas, un régimen para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.

La primera acordada del 2000, es decir, la primer actividad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue subestimar el texto aprobado en el Congreso y afirmar que el Poder Judicial debía eximirse de esa legislación en tanto avasallaba la división de poderes.  

Una década después, con una composición completamente renovada, el mayor tribunal de justicia de nuestro país sigue diferenciándose de su antecesora. Hace unos días la Corte puso en marcha el sitio web del Plan Gobierno Abierto (www.cij.gov.ar/gobiernoabierto), “…una iniciativa que busca alentar la participación ciudadana en la administración de justicia, promover la transparencia de los actos de gobierno e intensificar el trabajo que se realiza desde el Máximo Tribunal en materia de acceso a la información”, según anuncia el organismo.

El sitio apunta a publicar de manera proactiva los actos que componen la gestión administrativa de la corte: sus actos de gobierno, el presupuesto y su ejecución, las compras y contrataciones, la administración de personal. También promete ser una ventana para la participación ciudadana: “Gobierno Abierto ofrece asimismo a todos los ciudadanos la posibilidad de hacer oír su voz, gracias a los últimos dispositivos tecnológicos que permiten construir los instrumentos para que las instituciones sean más democráticas y así,  aprovechar la inteligencia colectiva”. 

Es cierto, acceder a las declaraciones juradas de los jueces sigue siendo una actividad compleja, y la resistencia que se encuentra en algunos miembros del Poder Judicial contrasta con las iniciativas impulsadas desde el tribunal superior. Pero el programa de gobierno abierto, junto con su principal antecedente, el Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/inicio.html ) son iniciativas que debemos festejar y sobre las cuales nos hace pensar que la regulación integral y comprensiva del derecho a saber en nuestro país no puede estar muy lejos. A diferencia de una década atrás, Argentina hoy cuenta con iniciativas similares en el Poder Ejecutivo –nos referimos al Decreto 1172/03 que regula el acceso a la información en su ámbito-, en el Poder Legislativo -donde se crearon Oficinas de Información Pública-, y existe un gran reconocimiento del derecho a saber en el ámbito subnacional donde casi la mitad de las provincias han avanzado en la sanción de normativas para regular la información pública. Sólo queda que llegue la tan esperada ley nacional.

Lamentablemente el congreso perdió la oportunidad de sancionarla en 2011. Habrá que volver a empezar. Quién sabe, quizás sea 2012 el año del derecho a saber.  

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